martes, 18 de octubre de 2016

Empresas y asociaciones se unen para lograr reordenamiento del transporte


El jurista Eduardo Jorge Prats al dar explicaciones sobre la acción de amparo presentada por la vulneración de los derechos fundamentales a la libertad de empresa.
SANTO DOMINGO.- Cerca de 90 entidades representativas del tejido social, económico y productivo de la República Dominicana defendieron este martes ante el Tribunal Superior Administrativo la acción de amparo presentada por la vulneración de los derechos fundamentales a la libertad de empresa, contratación, libre competencia y a la libertad de tránsito.
La acción, presentada a través del equipo de abogados que lidera Eduardo Jorge Prats, solicita que se ordene a los órganos estatales vinculados al transporte terrestre de carga y pasajeros, cumplir con las obligaciones legales y administrativas previstas en nuestro ordenamiento, a fin de erradicar prácticas anticompetitivas existentes en ambos sectores.
Alegan que varias instituciones del Estado responsables del sistema de transporte omiten el cumplimiento de las leyes, creando un sistema de abuso de posición dominante en el servicio, violentando derechos fundamentales de otros actores y creando graves perjuicios a la economía del país.
Argumentan que existe una situación de inconstitucionalidad en el sector transporte y que las instituciones oficiales que lo regulan, en lugar de ejercer las funciones de control que les han asignado, entran en contubernio con los sindicalistas, permitiendo que esta situación se perpetúe por décadas. 
Señalan al Ministerio de Trabajo, Industria y Comercio, Defensa, la Policía Nacional, Ministerio de Interior y Policía, Oficina Técnica del Transporte Terrestre y al Ministerio de Turismo por no garantizar la libre actividad de los trabajos de carga y descarga en el país, como dispone la ley, en perjuicio de accionantes.
Señalan que la omisión del cumplimiento de la ley que prohíbe el abuso de posición dominante en el sector de carga y transporte de pasajeros es una violación a las propias leyes en que se asientan las instituciones vinculantes del gobierno, en perjuicio de los actores del sistema de transporte y en beneficio de particulares. 
Exigen el cumplimiento de los deberes legales y administrativos en lo relativo al libre transporte de carga y descarga. 
Argumentan que durante años el transporte terrestre de carga se ha caracterizado por el caos y la arbitrariedad, debido a exitosos esfuerzos de asociaciones de transportistas como FENATRADO por lograr el control absoluto sobre el transporte de carga en muelles, puertos y zonas industriales del país.
“Es imposible que nuestro país se convierta en un centro logístico regional con un sistema actual de transporte anacrónico, caro e informal, que no obedece las reglas de libre mercado y libre competencia, y que no asume su responsabilidad frente a la sociedad”, afirmaron los demandantes.
Entre las asociaciones integrantes de la acción de amparo figuran el Consejo Nacional de la Empresa Privada, la Confederación Dominicana de la Pequeña y Mediana Empresa, Asociación de Industrias de la Región Norte, ADOZONA y Organización Nacional de Empresas Comerciales.
También la Asociación Dominicana de Empresas de Inversión Extranjera, Asociación de Empresas Industriales de Herrera y la Asociación Dominicana de Hacendados y Agricultores.

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