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Opuesto Procuraduría maneje incautaciones

JEFE DE LA AGENCIA ANTIDROGAS TAMBIÉN CONSIDERA COMO UN ERROR QUE LA DNCD PASE A SER DIRIGIDA POR EL MINISTERIO PÚBLICO, PORQUE LO PRUDENTE ES QUE DESPACHE CON EL EJECUTIVO

Julio César Souffront Velázquez, jefe de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).
El jefe de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), general de brigada Julio César Souffront Velázquez,   no favorece que la administración de los bienes incautados esté en manos del Ministerio Público y cree que lo más sano y recomendable es que sea responsabilidad de una dirección colegiada.
Asimismo entiende que sería un error que la DNCD sea dirigida por la Procuraduría General de la República,  ya  que el tema de drogas  y lavado de activo es  de seguridad nacional, ya que el delito es transnacional. Dijo que  por ahora lo ideal es que se mantenga el Poder Ejecutivo con el trato inmediato con la institución.
Tampoco favorece que sea modificado el tratado de extradición vigente desde el 1910, tras explicar que mediante convenios internacionales se puede manejar el caso.
El jefe de la DNCD se refirió a dichos temas al participar como invitado en el Desayuno de Listín Diario, encabezado por su director Miguel Franjul y el coordinador Fernando Quiroz. Souffront Velázquez estuvo acompañado de los coroneles Luis Souffront Tamayo, Francisco Hidalgo Tous, Juan Olivares Amparo y Roberto Acosta Estevez, así como del vocero Miguel Medina.
“Mi sueño sería ver al Ministerio Público lo más distante posible de esas cosas (administración bienes incautados), porque entiendo que está por encima de eso. El Ministerio Público está para verificar que se cumpla con las garantías procesales y con el debido respeto del derecho fundamental de cada una de las personas involucradas”, dijo.
Entiende que la administración debe estar en manos de técnicos calificados dirigidos por un consejo dependiente del Comité Nacional de Lavado de Activo.  Dijo que actualmente hay autorizada realizar una subasta de bienes por más de 200 millones y que lo importante es que los mismos mantengan su valor y no sean destruidos.
En su opinión no es necesario que se modifique el tratado de extradición del 1910, porque bastaría con lo que establecen los tratados internacional vigentes, más un protocolo que cree los dispositivos que permitan a ese organismo la ubicación e individualización de los bienes de los extraditados.
Dijo que las autoridades judiciales piden que se debe establecer el vínculo entre la propiedad, el individuo y el delito y ese ejercicio se hace, pero no se le da el seguimiento necesario.
Señaló que para nadie es un secreto que hubo momentos en que se hacía un mal uso de los bienes, y que la Procuraduría  de la República, con el celo institucional, quiso abrogarse el manejo de su administración.
Entiende que para la administración de esos bienes, lo más sano,  conforme  a lo que se ve a nivel regional, es que esté bajo el dominio de una institución colegiada, no de un organismo o institución, porque no se puede ser juez y parte cuando de trata de bienes sujeto a decomiso con interés económico.









fuente: listin diario

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